Guatemala regresa al centro de la discusión regional tras la posible reactivación del proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en una zona estratégica del denominado Trifinio, donde convergen las fronteras de Guatemala, El Salvador y Honduras.

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La alerta fue lanzada por organizaciones agrupadas como Ambientalistas de Guatemala, que advierten que el país podría estar siendo convertido en “zona de sacrificio” para sostener un sistema económico global en crisis, donde el oro recupera valor estratégico mientras las comunidades asumen los riesgos ambientales.

El proyecto, actualmente vinculado a la empresa Aura Minerals, mantiene licencias vigentes pese a que —según los denunciantes— lleva 18 años sin producción efectiva, lo que, argumentan, debería implicar su cancelación conforme a disposiciones legales nacionales.

Cerro Blanco se ubica en una región caracterizada por la abundancia de aguas termales cuyas corrientes alimentan sistemas hídricos transfronterizos. El principal punto de preocupación es el impacto potencial sobre el Lago de Güija, que sirve de frontera natural entre Guatemala y El Salvador y conecta con el estratégico Río Lempa, fuente de agua potable para millones de salvadoreños.

Ambientalistas alertan que el eventual uso de cianuro en procesos de lixiviación podría generar impactos severos en esta cuenca compartida, en un contexto donde Guatemala carece de una ley nacional de aguas y donde no existen acuerdos binacionales sólidos que regulen de forma integral la gestión y protección de estos recursos.

En 2022, el municipio de Asunción Mita realizó una consulta popular conforme a la legislación guatemalteca. Más del 90 % de los votantes rechazó el proyecto minero.

Según testimonios recogidos, la oposición no responde a manipulaciones externas, sino a impactos ya experimentados por la población. En fases anteriores, la extracción de aguas termales para viabilizar la operación minera redujo la disponibilidad hídrica para cultivos, afectando la producción agrícola local.

Tras la suspensión de esas extracciones en 2022, la recuperación del flujo hídrico permitió una mejora en la actividad agrícola y en las condiciones de vida comunitaria, lo que fortaleció la resistencia social frente al proyecto.

Las organizaciones denuncian que el proyecto habría transitado de un esquema de explotación subterránea a uno de minería a cielo abierto, mediante nuevas autorizaciones administrativas. Este cambio es considerado por los críticos como un mecanismo para reactivar la explotación pese al rechazo comunitario.

Los ambientalistas califican el proceso como antidemocrático, al ignorar la voluntad expresada en consulta pública, y señalan presuntas irregularidades administrativas en el otorgamiento de licencias.

La preocupación trasciende lo local. El Trifinio es una región estratégica para la estabilidad hídrica y alimentaria de tres países. Para los denunciantes, el riesgo no es únicamente ambiental, sino también de salud pública, soberanía territorial y estabilidad regional.

Subrayan que no se trata de un debate sobre desarrollo económico, sino sobre el modelo de explotación extractiva en una región con alta fragilidad ecológica y dependencia agrícola.

Organizaciones ecológicas no descartan acciones legales, incluyendo denuncias penales contra funcionarios que habrían autorizado licencias de forma irregular. Asimismo, llaman a la movilización social para exigir la cancelación definitiva del proyecto.

La eventual reactivación de Cerro Blanco coloca nuevamente a Guatemala en el foco internacional, en medio de una discusión más amplia sobre minería transfronteriza, recursos estratégicos y protección de ecosistemas compartidos en Centroamérica.

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